Izquierda Unida Alcalá exige la dimisión del director de la residencia de mayores Francisco de Vitoria

• La dirección del centro impidió durante hora y media la entrada de los servicios de Inspección Sanitaria municipales, según ha revelado el Ayuntamiento

• El concejal de IU, David Cobo, cursó una denuncia el pasado 22 de febrero solicitando inspección en la residencia para comprobar el cumplimiento de la normativa en cuanto alimentación y condiciones higiénico-sanitarias

• “Llego a ser necesaria la presencia de la Policía y una reunión para que los inspectores pudieran entrar. ¿Qué tiene que esconder el centro?”, se pregunta el concejal de IU en Alcalá, David Cobo

Izquierda Unida exige la dimisión inmediata del director de la residencia de mayores Francisco de Vitoria de Alcalá de Henares, Carlos Girón, después de que el Ayuntamiento complutense haya revelado que durante hora y media el centro impidió la entrada de los inspectores de sanidad municipales. “El grado de intentar despojar a nuestros mayores de su dignidad ha llegado a lo máximo. Ahora el centro ha puesto dificultades para que los inspectores de sanidad realizaran su labor. Incluso tuvo que intervenir la Policía, ¿qué tiene que esconder el centro? El actual director de la residencia no puede continuar ni un día más en el cargo, tiene que dimitir o ser cesado por la Comunidad de Madrid”, exige el concejal de IU en Alcalá, David Cobo.

Según fuentes municipales, la Inspección de Sanidad municipal se presentó en la mañana del 28 de febrero en la residencia para realizar su trabajo, algo más que necesario teniendo en cuenta las denuncias de los familiares de los residentes sobre las deficiencias en la comida y la pérdida de peso de los mayores. Sin embargo, el centro impidió la entrada de los inspectores e incluso fue necesaria la presencia de la Policía en el lugar. Tras hora y media de espera, los inspectores pudieron acceder a las instalaciones, aunque fue necesaria una reunión previa con Primitivo Ramos, coordinador médico asistencial de las residencias públicas de la Comunidad de Madrid.

“Que se haya impedido, o al menos retrasado, el trabajo de los inspectores de Sanidad del Ayuntamiento es algo extremadamente grave”, explica Cobo, quien añade que “para cualquier establecimiento, esta situación tendría consecuencias, pero es que no estamos hablando de un local cualquiera, estamos hablando de la dignidad, la salud y las condiciones de vida de 500 personas mayores. Vamos a llegar hasta donde haga falta para solucionar esta situación. Nuestros mayores merecen respeto, no que hayan convertido su vida en mera supervivencia”.

Izquierda Unida presentó a principios de enero una queja formal ante el Defensor del Pueblo para que interviniera ante la cada día más preocupante situación de la residencia. Además, su concejal, David Cobo, el 22 de febrero presentó una denuncia a la atención de la Subdirección General de Seguridad Alimentaria de la Comunidad de Madrid, solicitando inspecciones que verificasen el cumplimiento de la normativa alimentaria y las condiciones higiénico-sanitarias de la residencia, aportando las fotografías que familiares de residentes le hicieron llegar en la que aparecían comida, presuntamente, en mal estado.

Cobo insiste en que “no es tolerable de ninguna manera que no se haya dejado trabajar desde el principio a los inspectores sanitarios. Una simple llamada de la dirección a la Comunidad de Madrid hubiera bastado para confirmar que estos tenían todo el derecho a estar allí y tomar muestras para determinar si todo estaba bien». «No hay ninguna excusa posible para ese retraso de una hora y media, un intervalo de tiempo en el que se ha perdido el efecto sorpresa que necesita cualquier inspección sanitaria para desarrollarse de una manera efectiva”, señala Cobo.

Según la Ley General de Sanidad (Ley 14/1986), el control sanitario de los centros residenciales y de convivencia humana es competencia de los ayuntamientos. Impedir el trabajo de los inspectores sanitarios puede conllevar sanciones administrativas que varían dependiendo de si las presuntas infracciones son calificadas como graves o muy graves. La resistencia a suministrar datos, facilitar información o prestar colaboración a las autoridades sanitarias o a sus agentes (infracción grave) puede suponer una sanción de 3.005 a 15.025 euros. Sin embargo, la negativa absoluta a facilitar información o prestar colaboración a los servicios de control e inspección está sancionado con hasta 601.000 euros.