Izquierda Unida Alcalá, contra la orden de Ayuso que subirá el precio de la vivienda protegida un 34%
El nuevo ataque de Ayuso a las personas más vulnerables colocará el metro cuadrado de vivienda protegida en 2.110 euros, un 34% más caro que el precio actual. Esta subida situará el precio de la vivienda protegida de Alcalá por encima del precio de mercado, según la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ya tiene preparado su nuevo golpe a las personas más vulnerables. Así, está a punto de aprobar (de momento es un proyecto) una Orden de la Consejería de Vivienda por la que los precios del metro cuadrado de vivienda protegida subirán hasta un 36% en la región, de forma que ésta podría ser incluso más cara que la vivienda de libre mercado, según ha denunciado la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid.

Esta medida afecta de pleno a los y las alcalaínas con menos ingresos, que tendrán más difícil todavía acceder a una vivienda protegida. Según se establece en el Proyecto de Orden de la Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras por la que se establecen los precios de las viviendas de protección pública en la Comunidad de Madrid, que está pendiente de aprobación, Alcalá de Henares se sitúa en la zona B atendiendo al precio de venta de vivienda libre y al nivel de renta media de los y las complutenses. Esto significa que el precio máximo por metro cuadrado de superficie útil en vivienda con protección pública se situaría en 2.110 euros en las viviendas de precio básico y en 2.430 euros para las viviendas de precio limitado. El precio actual en Alcalá, es decir, antes de que se apruebe esta orden es de 1.576,64 euros el metro cuadrado (viviendas de precio básico) y de 1.970,8 euros (viviendas de precio limitado). Esto supone una subida de precios desorbitada con un incremento del 34% y el 23% respectivamente, incremento que obstruirá el acceso a una vivienda protegida para aquellas personas más vulnerables, trabajadores y trabajadoras que en muchos casos deben contentarse con recibir el Salario Mínimo Interprofesional y que deberían ser las destinatarias de este tipo de inmuebles.

Ayuso, que para apuntalar su carrera a La Moncloa se ha negado a aplicar la Ley de Vivienda aunque eso perjudique a los y las madrileñas, intenta vender que esta actualización de precios es una forma de revivir la edificación de vivienda protegida. Sin embargo, no es más que una iniciativa especuladora para contentar a constructores y promotores, alejándose del espíritu del artículo 47 de la Constitución que establece que “todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada” y que los poderes públicos tomarán medidas para evitar la especulación.

Izquierda Unida Alcalá pide a la Comunidad de Madrid que retire este proyecto de Orden, que encarecerá la vivienda protegida en Alcalá hasta un 34%. Además, como defensora de que el acceso a la vivienda es un derecho esencial que no puede plegarse a intereses especulativos, IU Alcalá considera que es necesario crear un gran parque público de viviendas que se cedan en régimen de alquiler social sin superar el 30% de los ingresos de los inquilinos.

Así mismo, es fundamental regular el precio del alquiler estableciendo zonas tensionadas, algo a lo que ya se han negado los hermanos en ideología PP y Vox de Alcalá, y ofreciendo a los propietarios de viviendas en alquiler la posibilidad de gestionar éste a través de un parque público de vivienda ofreciendo condiciones ventajosas para ellos. Finalmente, la regulación y limitación de los pisos turísticos en Alcalá, que encarecen el alquiler y han ayudado a iniciar un proceso de gentrificación del Centro de la ciudad, convirtiendo gran parte del Distrito I en una zona pensada para turistas y no para los vecinos y vecinas, permitiría rebajar los precios si estos se ponen a disposición de ese parque público de viviendas. Alcalá es el municipio, tras la capital, que más pisos de estas características tiene en la Comunidad de Madrid.